Proceso de desafuero de alcaldes de MC es por nexos criminales
Las solicitudes de declaración de procedencia que la Fiscalía General del Estado (FGE) remitió el pasado 6 de julio al Congreso del Estado derivan de presuntos nexos criminales de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.
En la carpeta de investigación NLC/DXXI/F1/256/2026, el Fiscal Encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Nanchital advirtió que el presidente municipal de las filas de Movimiento Ciudadano (MC) estaría involucrado con la privación de la libertad y de la vida de una comunicadora, por cuyos hechos hay ocho personas vinculadas a proceso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, uno de ellos el jefe de la corporación, nombrado por el alcalde, quienes abastecían de insumos y daban facilidades logísticas a un grupo delictivo que aumentó su presencia durante el 2026 en esa región.
Mientras que en la carpeta de investigación VER/FIM/FEADPD/104/2026, la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas presume que el presidente municipal del partido naranja está relacionado con la desaparición de dos personas, pues habría registros de llamadas telefónicas y testigos que vinculan directamente al edil.
Las dos solicitudes fueron analizadas por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la Legislatura, cuyos integrantes determinaron en días pasados que se contaba con los tres elementos indispensables para iniciar el procedimiento: que la persona denunciada sea servidor público, que la denuncia contenga la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta los intereses públicos fundamentales y que los elementos de prueba permiten presumir la probable responsabilidad.
El expediente y un dictamen elaborados por las y los legisladores fueron turnados a la Secretaría del Congreso, que le dio curso ante la Comisión Instructora. Esta instancia legislativa emplazó a los ediles denunciados para que en el plazo de siete días siguientes a la notificación expongan lo que a su derecho convenga, ya sea en persona o por escrito.
Los diputados de la citada Comisión notificarán la audiencia de pruebas y alegatos y luego emitirán un dictamen que señalará si hay o no responsabilidad de las autoridades, para pasarlo al Pleno. Es decir, la Comisión Instructora será el órgano legislativo que hasta entonces instruirá la Declaración de Procedencia previo a su votación.