Movimiento minoritario busca frenar proceso de regularización en la UPAV
Córdoba, Ver., 5 de agosto de 2026. Mientras el Gobierno del Estado avanza en el proceso de ordenamiento administrativo de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), un grupo de docentes identificado como Movimiento Estatal UPAV ha intensificado sus pronunciamientos públicos en contra de las acciones de reorganización institucional.
Entre los integrantes que públicamente encabezan este movimiento se encuentran Verónica Sánchez Ramos, Mauricio Tapia Tentle, Elsa Andrea Maldonado Alemán, Silvia Ivette Lara Barradas, Roberto Ibáñez y Carlos Enrique Sierra.
De acuerdo con información oficial en proceso de revisión por las instancias competentes, las acciones de regularización impulsadas por el Gobierno del Estado buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el funcionamiento de la universidad, mediante la verificación de la situación administrativa y académica del personal.
Como parte de este proceso, las autoridades revisan diversas presuntas irregularidades, entre ellas posibles casos de docentes con asignaciones simultáneas en distintos centros de estudio, revisión de la documentación académica de directivos, adeudos en la entrega de calificaciones, denuncias sobre posibles cobros indebidos por certificados y asesorías de titulación, personal sin carga académica registrada durante periodos objeto de pago, docentes y directivos sin registro en el sistema de control escolar, así como casos de personal que, hasta el momento, no ha podido ser localizado para efectos de su verificación administrativa.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que estas revisiones forman parte de una estrategia integral de saneamiento institucional, cuyo objetivo es garantizar que la UPAV opere bajo criterios de legalidad, transparencia y eficiencia, privilegiando el interés de miles de estudiantes y docentes que integran la comunidad universitaria.
Las autoridades estatales han reiterado que todas las investigaciones deberán desarrollarse con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas, al tiempo que refrendaron su compromiso de consolidar una universidad más sólida, transparente y al servicio de Veracruz.