IMPI reduce la espera de 18 meses para registro de patentes en México

por Sergio Lara

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) implementa una estrategia nacional para reducir los tiempos de registro de patentes y otorgar descuentos de hasta el 90% en el trámite de marcas, con el objetivo de integrar a creadores al ecosistema formal de innovación.

La dependencia habilitó un esquema denominado proceso de aceleramiento de patentes, dirigido exclusivamente a inventores mexicanos. Este mecanismo acorta el periodo de espera establecido de 18 meses para la revisión y el registro de una invención.

“Estamos haciendo muchas estrategias de acercamiento a las pequeñas y medianas empresas, a emprendedores. También estamos con personas innovadoras, es decir, investigadores, investigadoras, acercamiento directo con universidades”, detalló Nayely Marlenne Yáñez Hernández, coordinadora de Estudios de la Difusión de la Propiedad Industrial del IMPI.

Para garantizar la cobertura del programa, el instituto desplegó una red de más de 40 asesores especializados mediante seis oficinas regionales distribuidas en el país. Los usuarios también disponen de atención y seguimiento a través del correo electrónico oficial buzon@impi.gob.mx y las líneas telefónicas institucionales.

La funcionaria indicó que la expansión de la dependencia busca facilitar los procesos técnicos a la población. “Estamos haciendo una vinculación muy fuerte para poder llegar a todos los puntos y sobre todo también expandir nuestros servicios que tienen mucho que ver con capacitación, que tienen mucho que ver con asesoramiento directo”, afirmó.

Sobre el costo de los procedimientos, el IMPI descartó que el registro legal de patentes o marcas represente un gasto inaccesible para los ciudadanos. El organismo ejecuta una campaña de tarifas preferenciales tres veces al año que reduce casi en su totalidad el pago de los derechos.

El subsidio del 90% se aplica bajo criterios de inclusión hacia sectores demográficos y comerciales definidos. El beneficio económico está destinado a pequeñas y medianas empresas, mujeres, población indígena y personas con alguna discapacidad que busquen dar certeza jurídica a su propiedad industrial.

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