TSJ avanza en la certificación de intérpretes de lenguas indígenas
Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- Un total de 30 intérpretes de lenguas indígenas de Veracruz, recibió su certificación para facilitar la atención de personas hablantes de idiomas originarios que enfrentan procesos judiciales y requieren asistencia para comprender los procedimientos legales para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández, informó que el grupo concluyó la etapa de certificación y se encuentra en un proceso de formación especializada.
La magistrada explicó que este procedimiento representa un avance en la incorporación de personal capacitado para atender a integrantes de pueblos originarios, quienes no dominan el español y enfrentan dificultades para comunicarse durante un proceso penal.
La certificación se lleva a cabo después de casi 15 años sin que se realizara un procedimiento con estas características, Hernández Hernández recordó que en la última ocasión, únicamente siete personas obtuvieron la certificación principalmente para la lengua náhuatl.
Ante el señalamiento de la directora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Veracruz sobre la falta de intérpretes y traductores en los juzgados, la titular del Poder Judicial, indicó que se trabaja en la preparación de personal que pueda contribuir a reducir esta carencia.
Rosalba Hernández informó que las 30 personas certificadas cuentan con conocimientos en 10 lenguas indígenas y distintas variantes lingüísticas presentes en el territorio veracruzano.
Entre las lenguas consideradas en este proceso mencionó el náhuatl, el otomí, el tepehua, el zapoteco, el zoque y el popoluca, así como las variantes del totonaco de la sierra de la zona central y de la costa.
También se contemplan variedades del náhuatl del sur y del centro y otras de comunidades asentadas en Veracruz, particularmente en la región sur como en Uxpanapa.
La diversidad lingüística representa un aspecto importante para la impartición de justicia, debido a que no basta contar con intérpretes de una sola lengua, es necesario disponer de personal capaz de comunicarse en las variantes que utilizan las personas involucradas en los procedimientos judiciales.
Respecto a la posibilidad de que los 30 intérpretes sean contratados por el Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, Rosalba Hernández señaló que la intención es que puedan integrarse a las diferentes instituciones que conforman el sistema de justicia.
Indicó que todavía se analiza la manera en que se distribuirá este personal y las posibilidades de incorporación, no existe una cifra definitiva sobre cuántos podrían ser contratados directamente por el Poder Judicial.
La magistrada explicó que actualmente se revisa el primer proceso, cuyo requisito legal establece que los intérpretes deben contar con la certificación correspondiente para desempeñar estas funciones.
Añadió que el planteamiento que formule el órgano de administración deberá ser sometido a la consideración del Congreso del Estado, instancia que tendrá que aprobar la propuesta correspondiente.
Sobre la cantidad de personal adicional que se requiere para atender a la población indígena en Veracruz, Hernández Hernández reconoció que todavía no se cuenta con una cifra precisa.
Explicó que se encuentra en marcha un diagnóstico para identificar las necesidades existentes y determinar cuántos intérpretes y traductores más serían necesarios para brindar cobertura a las comunidades hablantes de lenguas originarias.
La evaluación permitirá conocer con mayor claridad la demanda de estos servicios y establecer las necesidades de atención en las distintas regiones e instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
La presidenta del TSJ señaló que este análisis continúa en proceso, aún no es posible establecer el número total de especialistas que hacen falta para cubrir la demanda estatal.
Con la certificación de los 30 intérpretes, se busca avanzar en la atención de las personas indígenas que requieren acompañamiento lingüístico durante sus procesos legales, para reducir la barrera de comunicación que dificulta su defensa ante las instancias judiciales.