INAH restringe grabación de videos para redes sociales en San Juan de Ulúa; exigen permiso federal ante posible monetización
por Sergio Lara
Veracruz, Ver.- La Fortaleza de San Juan de Ulúa, bajo la administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha clarificado su normativa respecto a la captura de contenido audiovisual, generando debate sobre el uso de dispositivos móviles para redes sociales.
Porfirio Castro Cruz, director del monumento histórico, precisó que si bien la toma de fotografías con celular es completamente gratuita y permitida para recuerdos personales, la grabación de video enfrenta restricciones legales específicas debido a la dificultad para distinguir entre el uso personal y el material destinado a la monetización en plataformas digitales.
El funcionario explicó que la normativa vigente busca regular el lucro con el patrimonio nacional, señalando que la “frontera es muy porosa” entre un video turístico y uno que genera ingresos en redes.
Ante las quejas de usuarios sobre la imposibilidad de grabar historias para Instagram o clips de video libremente, la dirección del recinto subrayó que la Ley Federal de Derechos estipula el cobro de derechos por videograbación, y que para usos de difusión o comerciales se requiere un permiso tramitado ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH.
El proceso burocrático para obtener dicha autorización para grabación de video no es inmediato. Según detalló Castro Cruz, el trámite debe realizarse mediante un formulario oficial y el tiempo de respuesta oscila entre 10 y 15 días hábiles. El director enfatizó que estos procedimientos y tiempos no son disposiciones locales ni arbitrarias de la administración de la fortaleza, sino mandatos federales establecidos en la normativa institucional que rige a todos los monumentos históricos del país.
A pesar de la rigidez de la norma, la capacidad de fiscalización es limitada. La administración reconoció que, en días de alta afluencia con hasta mil visitantes, resulta imposible vigilar a cada persona, por lo que muchos logran grabar sin realizar el pago correspondiente.
Las estadísticas internas del recinto reflejan esta disparidad: en un día con gran volumen de turistas, apenas entre cuatro y siete personas pagan oficialmente el derecho por uso de videocámara, mientras que el resto ingresa sus dispositivos bajo el argumento de uso fotográfico.
En cuanto al costo de acceso general al recinto, la tarifa se mantiene en 100 pesos, monto fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, el director destacó que el acceso es gratuito para la gran mayoría de los visitantes nacionales gracias a las exenciones de ley. Niños menores de 13 años, estudiantes, maestros, adultos mayores, pensionados, personas con discapacidad y miembros acreditados de comunidades indígenas están exentos del pago de entrada.
Esta política de gratuidad se refleja contundentemente en las finanzas del monumento. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Castro Cruz, de cada diez personas que ingresan a la fortaleza de San Juan de Ulúa, solamente dos pagan el boleto completo, mientras que el 80 por ciento restante accede bajo alguno de los esquemas de exención mencionados, lo que subraya el carácter público y social del sitio histórico.
Finalmente, el titular de la dirección del monumento reiteró que no se busca prohibir el disfrute del sitio, sino cumplir con la legalidad vigente respecto al uso de imágenes en movimiento. La distinción entre la fotografía (gratuita) y el video (regulado) se mantiene firme como medida para proteger los derechos de imagen del patrimonio, instando a los creadores de contenido y turistas a informarse sobre los trámites necesarios si su intención es difundir material audiovisual de la histórica prisión y fortaleza.