Gremio taxista reporta crisis operativa y exige inclusión en programas de modernización
por Sergio Lara
Boca del Río, Ver.- Claudia Elizabeth Hernández Siles, presidenta del Movimiento Nacional Transportista (MNT) en Veracruz, exigió a las autoridades la aplicación irrestricta de la Ley de Transporte ante el desplazamiento operativo que enfrenta el gremio. La dirigente señaló que el sector ha perdido terreno frente a otras corrientes de movilidad cómo las de aplicaciones, lo que afecta los ingresos de miles de familias y conductores de edad avanzada que dependen exclusivamente de esta actividad.
La representante del MNT cuestionó la falta de sanciones efectivas hacia los operadores que incumplen el reglamento o alteran tarifas sin autorización. Hernández Siles indicó que la normativa vigente establece suspensiones de licencia de tres a seis meses para los infractores, por lo que instó a la autoridad a ejecutar estos castigos individuales y retirar las licencias correspondientes en lugar de responsabilizar a todo el sistema de concesionarios..
En materia de interlocución política, la líder transportista denunció la ausencia total de mesas de trabajo con las autoridades estatales. Afirmó que, hasta el momento, no se ha concretado ninguna reunión con la gobernadora para exponer las necesidades del gremio, a pesar de que la organización cuenta con 18,000 concesionarios adheridos en la entidad dispuestos a colaborar bajo un marco de legalidad.
Sobre la situación del parque vehicular, Hernández Siles reconoció que el 40% de las unidades en la zona conurbada requiere renovación inmediata. Sin embargo, argumentó que la falta de inclusión en fideicomisos y programas gubernamentales de financiamiento impide a los propietarios adquirir vehículos nuevos debido a los altos costos actuales del mercado automotriz.
La presidenta del organismo responsabilizó a las autoridades de tránsito por la circulación de vehículos en mal estado o irregulares. Sostuvo que es competencia de los funcionarios públicos detener dichas unidades y remitirlas al corralón, ya que la presencia de estos autos en las calles evidencia una permisividad administrativa ajena a los concesionarios legales.
Hernández Siles subrayó que la organización busca sensibilizar al gobierno sobre la magnitud de la empresa taxista como generadora de empleo. Reiteró que la exigencia principal es el respeto a la concesión de modalidad taxi y la implementación de mecanismos que garanticen la certeza jurídica para los inversionistas del transporte público.
Ante la falta de respuesta y apoyos para la modernización, la dirigente advirtió que el gremio mantendrá su postura de alzar la voz para defender su patrimonio.
Por último, manifestó que la solución a las problemáticas del servicio recae directamente en la voluntad política para hacer valer los reglamentos existentes y en la apertura de canales de comunicación oficiales.