Por fugas y hundimientos, Boca del Río impone comité de vigilancia a empresa concesionaria de agua

por Sergio Lara

Boca del Río, Ver.- La alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa Torales, fijó un plazo máximo de un mes y medio a la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) para resolver un rezago de casi 3 mil quejas ciudadanas. Tras una reunión con directivos y accionistas de la empresa concesionaria, la funcionaria entregó físicamente los reportes acumulados que incluyen fugas, hundimientos y deficiencias en el suministro.

Gamboa Torales señaló que el costo del servicio no corresponde con la calidad recibida por los usuarios y exigió el cumplimiento inmediato de las inversiones en infraestructura. La munícipe recordó que desde hace ocho meses entregó al Congreso del Estado una solicitud formal para la revisión de los términos de inversión de la empresa, instancia que posee la facultad legal para intervenir en la concesión.

Dijo que la estrategia acordada entre el ayuntamiento y la empresa consiste en un mapeo técnico de las denuncias para agrupar reportes coincidentes en una misma zona y optimizar las reparaciones. El compromiso establecido estipula que la totalidad de los reportes presentados en la mesa de trabajo deberán quedar solucionados dentro del periodo de 45 días, previo a la temporada crítica de estiaje.

Refirió que entre las principales inconformidades presentadas destacan hundimientos provocados por tuberías de asbesto-cemento y la insuficiencia en el diámetro de la red hidráulica. Además de las fallas técnicas, la alcaldesa reportó quejas recurrentes sobre el trato inadecuado del personal de la compañía hacia los contribuyentes durante los procesos de pago y atención en ventanilla.

Maryjose Gamboa, detalló que para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, se conformó un comité de expertos integrado por la representación municipal, representantes de CAB y un mediador técnico externo. Este órgano de supervisión cuenta con atribuciones para levantar actas administrativas y aplicar sanciones en caso de que la concesionaria no cumpla con las metas de reparación estipuladas.

La funcionaria local aclaró que, si la empresa incumple el plazo fijado, la responsabilidad de revocar el contrato o determinar el futuro de la concesión recae en el Poder Legislativo local. Gamboa Torales reiteró que su administración continuará la presión directa sobre la compañía mientras el Congreso determina las acciones legales procedentes con base en la documentación entregada.

Respecto a un plan alternativo para la gestión del agua, la alcaldesa boqueña indicó que la actual Ley General de Aguas mantiene ambigüedades legales que dificultan una solución inmediata fuera de la concesión.

Por ello, dijo que la administración municipal esperará el vencimiento del plazo establecido antes de anunciar nuevas medidas operativas o jurídicas para garantizar el abasto en el municipio.