Advierten acción penal por “desorden” y desvío de 30 MDP en Sayula de Alemán
por Sergio Lara
Boca del Río, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, confirmó la detección de un presunto desvío de recursos superior a los 30 millones de pesos en el ayuntamiento de Sayula de Alemán. La irregularidad ya está documentada en un Pliego de Observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
El legislador atribuyó el millonario quebranto a un “desorden” administrativo. Detalló que un conflicto interno en el pasado, que incluyó renuncias y posteriores regresos de ediles, impidió que el Congreso Local pudiera proceder legalmente a la desaparición de poderes en dicho municipio.
“Esas circunstancias precisamente son las que traen desorden”, declaró Bautista Hernández. Afirmó que esta inestabilidad permitió a la administración “manejar las cosas a su antojo”, derivando en el presunto desvío. Al ser cuestionado sobre el futuro de la funcionaria señalada, el diputado sentenció: “¿Qué le espera a esa funcionaria pública? La aplicación de la ley”.
El líder de la Jucopo explicó el procedimiento legal que enfrentan los funcionarios observados. Aclaró que, si bien algunas observaciones de carácter administrativo son “resarcibles”, el panorama cambia drásticamente cuando se comprueba la existencia de “daño patrimonial”.
“Si es daño patrimonial, el órgano de control te dicta hasta cierto periodo para que devuelvas el recurso”, precisó. Bautista Hernández fue tajante al advertir la consecuencia directa de no reintegrar los fondos públicos en el plazo establecido: “Si no lo devuelve, la acción penal”.
Al ser cuestionado sobre si este es el caso más grave detectado, el legislador calificó el monto en Sayula de Alemán como “un daño patrimonial muy alto”. Confirmó además que no es un hecho aislado: “Sí, ya hay varios municipios” en situación similar, algunos “graves” y otros “solventables”.
El diputado concluyó detallando la ruta legal: tras el “arqueo” del Orfis, el órgano fiscalizador turna los expedientes a la Fiscalía General del Estado. A partir de ahí, es la Fiscalía Anticorrupción la encargada de “fincar responsabilidades” penales a quienes resulten implicados.
