Detecta CMAS más de 800 tomas clandestinas de agua en Xalapa en los últimos dos años

Por Esmeralda Castillo 

Xalapa, Ver.- Entre 2022 y enero de 2023, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa detectó 558 tomas clandestinas. Estas se encuentran en zonas residenciales, colonias y comercios, incluyendo fraccionamientos de alta plusvalía como Imperial de Las Ánimas y Monte Magno.

Mientras que en  el primer semestre de 2024, se detectaron 333 tomas clandestinas adicionales a las de los años anteriores. Este delito, ha sido por años, la forma para obtener el vital líquido sin tener que pagarlo, aunque el gobierno municipal en la capital veracruzana que encabeza Albertos Islas reconoce que no se actúa en contra de los responsables por un riesgo político y social.

“Se nos convierte en un tema político-social, es de todas las comunidades, donde atravesamos con la tubería, es un delito al fin de cuentas pero si actuamos en contra de ellos lo convertimos en un tema complicado, se politiza todo”. 

Informes de CMAS indican que las pérdidas de agua debido a fugas y robo se estiman en 21 millones de metros cúbicos en Xalapa anuales.

En tanto, en la entidad veracruzana se calcula que hasta el 60% del agua se desperdicia por fugas y “huachicol”

Aunque no se especifican cifras exactas de pérdidas económicas para los municipios, se menciona que las multas por robo de agua en Xalapa son de entre 35 mil y 45 mil pesos, además de los costos de anuencia e instalación de medidor, lo cual representa un impacto económico significativo para las autoridades locales.

A pesar de la existencia del ilícito, el propio gobierno del estado ignora estos casos.

“No, no tengo ese dato de que haya un reporte por la Comisión Estatal del Agua, de que están robando agua o de los municipios”, afirmó la gobernadora Rocío Nahle en conferencia de prensa.

Las grandes empresas refresqueras, cerveceras y cafetaleras, también contribuyen al saqueo del líquido, lo que agrava la situación, por lo que ambientalistas señalan que esta situación genera una carga más en la infraestructura y los recursos de los organismos operadores de agua; además de una colusión de los mismos funcionarios.

“Los gobiernos se coluden con ese tipo de organización para que ellos extraigan el agua y se venda”, expuso el ambientalista Daniel Sibaja.