Diócesis de Orizaba urge a replantear estrategia de seguridad tras asesinato de exalcalde de Zongolica
por Sergio Lara
Boca del Río, Ver.- Ante la escalada de violencia registrada en la entidad, la Diócesis de Orizaba emitió un llamado urgente y enérgico a las autoridades estatales y federales para atender de inmediato la crisis de inseguridad. La institución religiosa demandó una intervención eficaz de los tres niveles de gobierno, subrayando que la situación actual requiere acciones contundentes para proteger la integridad de la población frente al aumento de hechos delictivos en el país.
Este pronunciamiento se produce tras el asesinato del exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, privado de la vida la mañana de este domingo. El crimen, sumado a la incidencia delictiva en los límites entre Puebla y Veracruz, ha encendido las alarmas en la región centro del estado, evidenciando la vulnerabilidad de funcionarios y ciudadanos ante la operación de grupos criminales.
Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis, reconoció públicamente que la violencia persiste en el territorio veracruzano y señaló que las estrategias actuales no han logrado contener la criminalidad. “Lamentablemente sabemos que los hechos delictivos continúan; confiamos en que las instituciones de seguridad pueden hacer un mejor trabajo”, declaró el portavoz, instando a los cuerpos del orden a elevar su capacidad de respuesta.
El clima de tensión social se ha intensificado con diversas protestas y movilizaciones ciudadanas que exigen resultados inmediatos en la impartición de justicia. El descontento generalizado rechaza la normalización de la violencia que afecta a las comunidades y demanda un alto a la impunidad que rodea tanto a homicidios de alto perfil como a delitos del fuero común.
En su mensaje, la representación eclesiástica solicitó formalmente al gobierno la revisión y el fortalecimiento de las estrategias de combate a la delincuencia. El objetivo planteado es prevenir la repetición de sucesos que vulneran la paz pública y garantizar que el Estado cumpla con su obligación constitucional de brindar seguridad a sus habitantes.
Enríquez Báez enfatizó que la ciudadanía no debe continuar padeciendo agresiones que atentan contra su patrimonio y su vida. “Quisiéramos unirnos a la solicitud de revisar las estrategias de fortalecimiento de la seguridad para que los ciudadanos no tengan que estar padeciendo acontecimientos que alteran la paz de nuestras comunidades”, puntualizó.
Finalmente, la Diócesis de Orizaba reiteró su disposición para colaborar desde el ámbito social y pastoral en la reconstrucción del tejido social. No obstante, dejó claro que la responsabilidad operativa y legal de restablecer el orden y frenar la ola de violencia recae enteramente en las instituciones del Estado mexicano.