El invencible Grupo MAS
La Contraparte
Por ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN
La concesión por 30 años de la distribución del agua potable otorgada desde 2015 a Grupo MAS, formado por las empresas Odebrecht de Brasil, y Aguas de Barcelona, España, ha resultado un gran negocio para los particulares y de enorme desgracia para los usuarios del servicio de Veracruz y Medellín. Los dueños siguen tranquilos, a pesar de las miles de denuncias por abusos en la aplicación de tarifas e insuficiente y mal estado del vital líquido que se entrega a los domicilios.
Nada han hecho hacer frente a esas irregularidades los gobiernos municipales, estado, federación o la Legislatura, aparentemente atados de manos por las tramposas condiciones en que se firmó el contrato promovido por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, avalado por los diputados del Congreso Local y aceptado, en términos leoninos, por los Alcaldes de Veracruz y Boca del Río de esa época.
La prestación de servicio está sujeto a una multimillonaria indemnización (que se estima en tres mil millones de pesos) si llegara a presentarse de manera anticipada la rescisión del título de concesión. Vaya, ni las quejas acumuladas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) han sido efectivas para forzar a Grupo MAS a mejorar esa prestación.
Por esos llama la atención la declaración del diputado local Fernando Arteaga Aponte, de que se revocará la concesión a Grupo MAS, a menos que el legislador tenga un as bajo la manga para lograr esa hazaña, que no podría ser otra que la de haber negociado con los tres niveles de gobierno para obtener esos tres mil millones de pesos, cifra mayor a un año de presupuesto del municipio de Veracruz (este año fue de mil 922 millones 989 mil 336 pesos, el más alto del estado), para pagar la indemnización a los concesionarios, cuestión que más bien parece inverosímil; en todo caso, podría tratarse de una buena intención del diputado Arteaga, quien con este tema buscaría la simpatía de ciudadanos para ir posiconándose mediáticamente con miras a la candidatura de MORENA para la Alcaldía porteña, pero que podría resultarle contraproducente si resultara falso.
Hay una declaración de una de sus compañeras diputadas, también de MORENA, Margarita Corro Mendoza, que afirma que, en efecto, la única manera de retirar la concesión a Grupo MAS, es indemnizándolos. “No podemos intervenir, el contrato es amañado”, declaró en entrevista el pasado 25 de junio. Dijo que, en este asunto, deben intervenir los tres niveles de gobierno, pues la auditoría que se practicó al pomposamente llamado ese “organismo público-privado”, ya concluyó y no se encontró la manera de intervenirlo.
El único que dice que sí se puede es el diputado local que aspira a la Alcaldía, aunque podría sólo tratarse de una cuestión electorera.