Endurece gobierno vigilancia a inmobiliarios: van por operaciones en efectivo en 2026

Boca del Río,Ver.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) activaron para este 2026 una fase de fiscalización directa sobre el sector inmobiliario mediante el inicio de auditorías e inspecciones. José Antonio Tiburcio Barwis, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México (AIMAC), informó que el incumplimiento de las normativas antilavado conllevará sanciones económicas que oscilan entre los 22,000 y los 7 millones de pesos.

Señaló que las reformas fiscales consolidadas obligan a los agentes a reportar operaciones en efectivo, identificar a los beneficiarios controladores y resguardar expedientes únicos por un periodo de 10 años. Aunque la clasificación de la comercialización de bienes raíces como “actividad vulnerable” data de 2013, la autoridad fiscal notificó el comienzo de una vigilancia activa para verificar la integración de documentos y la presentación de avisos.

Añadió que a la supervisión tributaria se suma el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) regulada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Esta normativa exige a los profesionales inmobiliarios contar con manuales de procedimientos y documentación sistematizada, elementos que serán objeto de revisión en las inspecciones programadas para el presente ejercicio fiscal.

Tiburcio Barwis señaló que el gremio opera con un bajo porcentaje de afiliación a organismos colegiados, situación que deja a los agentes independientes sin la estructura técnica para responder a las exigencias. La falta de manuales y protocolos de actuación expone a este segmento del mercado a las multas máximas establecidas por la autoridad federal.

Apuntó que la validación de procesos ante una auditoría demanda infraestructura especializada ajena a la operación comercial estándar. Los inmobiliarios deben incorporar ingenieros industriales y administradores para desarrollar y documentar los manuales operativos que la autoridad exige como prueba del control de procesos internos y prevención de lavado de dinero.

Sostuvo que el endurecimiento en la aplicación de la ley tiene como objetivo combatir la informalidad y el flujo de recursos ilícitos en el mercado de bienes raíces. Tras 12 años de vigencia normativa sin supervisión intensiva, el gobierno federal modificó su estrategia para garantizar la ejecución de los protocolos de la Ley Antilavado en transacciones de compraventa.

Ante la inminencia de las revisiones, precisó que la AIMAC desplegó programas de capacitación abiertos para el sector en general. La medida tiene como finalidad instruir a los vendedores, tanto afiliados como independientes, sobre la correcta integración de expedientes antes de que la autoridad ejecute las primeras sanciones administrativas del año.