Inmobiliarios deberán auditar a clientes, contratar contadores y guardar expedientes 10 años por Ley Antilavado

por Sergio Lara

Boca del Río, Ver.- Ante las recientes reformas y actualizaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como “Ley Antilavado”, el Gobierno Federal ha delegado directamente a los agentes inmobiliarios la responsabilidad de rastrear y alertar sobre transacciones realizadas con recursos de origen ilegal.

José Antonio Tiburcio Barwis, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México (AIMAC), confirmó que el sector enfrenta ahora una carga administrativa crítica bajo la supervisión directa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

​La legislación establece que la actividad inmobiliaria es considerada “vulnerable” según el artículo 17 de la normativa vigente desde 2013, pero las nuevas disposiciones endurecen los mecanismos de control. Los asesores están obligados a notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de manera inmediata cualquier operación de compraventa que supere las 8,025 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale aproximadamente a 907,000 pesos, convirtiendo a los agentes en el primer filtro de fiscalización estatal.

​Como parte de las nuevas obligaciones, los profesionales del sector deben integrar y conservar expedientes físicos y digitales de sus clientes por un periodo de 10 años. Estos archivos deben incluir documentación exhaustiva que acredite la procedencia lícita de los recursos, como la Constancia de Situación Fiscal, y los agentes deberán establecer manuales y políticas internas estrictas para la detección y supervisión de operaciones irregulares.

​el experto advierte que la medida no exige a los inmobiliarios realizar investigaciones judiciales, sino cumplir con un “armado de expediente” riguroso. La documentación recabada debe identificar claramente si el comprador es asalariado o empresario y cotejar que su capacidad económica coincida con la operación, reportando cualquier discrepancia directamente a las autoridades hacendarias para evitar sanciones penales o administrativas.

​Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrenta un obstáculo mayor: la alta informalidad en el sector inmobiliario nacional. Tiburcio Barwis señaló que una gran parte de los agentes que operan en el país carecen de la capacitación y certificación necesarias para manejar estos protocolos de cumplimiento, lo que abre ventanas de riesgo tanto para la autoridad como para los involucrados en la transacción que operan bajo regímenes fiscales como el RESICO.

​El cumplimiento de esta normativa exigirá forzosamente el auxilio de contadores especializados, lo que incrementará los costos operativos para los agentes y las agencias inmobiliarias. Los honorarios contables, que han subido tras la pandemia, representarán un gasto extra ineludible para poder integrar correctamente el “Expediente UIF” y evitar multas por omisión en los reportes obligatorios.

​Ante este escenario, la AIMAC y diversos organismos del sector hacen un llamado urgente a la regularización y certificación de todos los actores inmobiliarios. Advirtió que aquellos que no estén afiliados a asociaciones reconocidas o que operen en la informalidad quedarán expuestos a graves consecuencias legales al no contar con la infraestructura para reportar sus operaciones y pagar los impuestos correspondientes.

​Recordó que el objetivo central de la estrategia gubernamental es cerrar el cerco al lavado de dinero mediante activos inmobiliarios. Con estas disposiciones, el SAT y la UIF trasladan la presión operativa al sector privado, estableciendo que cualquier asesor que facilite una transacción sin el debido reporte será corresponsable ante la ley por la omisión de información sobre flujos de capital ilícito.