Jueza Angélica N, no será reinstalada; proceso penal contra la ex servidora pública, no ha concluido: Poder Judicial 

• Magistrada Presidenta dijo no comparte dicha decisión y existe la posibilidad de impugnarla

Luego de que anularan el proceso de la Fiscalía General del Estado contra la Jueza Angélica N, la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, dió su postura sobre el caso de Angélica N.

Destacó que dada la relevancia del tema, como titular del Poder Judicial de Veracruz, considero indispensable aclarar algunos aspectos relacionados con el asunto Angélica N.

“En efecto, como se ha difundido en medios de comunicación y redes sociales, ayer, la jueza Decimo Quinta de Distrito, resolvió una incidencia en la que consideró que no se cumplió con la suspensión provisional concedida a la quejosa y ordenó regresar las cosas al estado que tenían previo a la detención”, indicó.

Asimismo dijo que con independencia que no se comparte dicha decisión y existe la posibilidad de impugnarla; “es necesario explicar que contrario a lo que se ha venido manejando, el proceso penal seguido contra la ex servidora pública, no ha concluido”, apuntó.

Y explicó “Esto es así, porque la orden de aprehensión que en su momento se libró, continúa vigente, pues su constitucionalidad será analizada por la jueza de distrito hasta dictar sentencia de fondo en el amparo.  El resultado de la resolución dictada en el incidente, únicamente trae como consecuencia, reiniciar el proceso penal”. 

Y subrayó que hasta ahora, no se ha absuelto o condenado a Angélica N; subsiste una contienda, en la que fiscalía tendrá la oportunidad de probar que la nombrada cometió los delitos por los que se ejercitó la acción penal y ella podrá defenderse.

De igual forma aclaró que la supuesta reinstalación de Angélica N al cargo de Jueza del Poder Judicial de Veracruz, su destitución no está vinculada al proceso penal, pues se trata de determinaciones de índole administrativa, en las que previo estudio de determinadas circunstancias relacionadas con su desempeño como juzgadora, se estimó procedente separarla de su puesto.