Justicia Cívica, desinformación ciudadana y disenso entre los integrantes del Ayuntamiento de Tuxpan Ver
Por Luis Guerrero.
Correo: luisguerrerosur@yahoo.com
01/09/2023. (Primera parte).
En relación con el tema de la Justicia Cívica, entrevistamos al Edil Luciano Antonio Folgueras Pioli, en principio debo reconocer su apertura y disposición a contestar las preguntas que con toda libertad le formulamos sobre un tema por demás relevante y de interés social: la seguridad pública municipal y el proyecto de un nuevo Bando de Policía y Gobierno a los integrantes del Ayuntamiento, luego de que la propuesta del Ejecutivo Municipal del Reglamento de Justicia Cívica Municipal no gozara del consenso necesario para su aprobación; en ese sentido el Regidor indicó, que el procedimiento correcto es primero la renovación del Bando de Policía y Gobierno y posteriormente los reglamentos que se le vinculan, lo anterior además se hace necesario en razón de que el actual cuerpo normativo ha perdido legitimidad, al no ajustarse a las actuales necesidades sociales, ni a la propia estructura institucional que el municipio requiere.
Folgueras propuso también un procedimiento democrático histórico, tesitura en la que la mayoría de los ediles han venido trabajando con un grupo de litigantes aglutinados en una asociación local para hacer otra propuesta, que además pase por el tamiz de especialistas en derechos humanos que garanticen la constitucionalidad del documento; agregó que alrededor del tema se ha generado mucha desinformación.
Y en efecto, no sólo hay desinformación en la ciudadanía, se observa poca apertura oficial a la participación del pueblo en un tema de su incumbencia, que demanda un procedimiento democrático como propuso el Edil Folgueras. Es pertinente señalar que el Ejecutivo Municipal propuso además del reglamento arriba señalado, el proyecto de Bando de Policía y Gobierno, que tampoco contó con la aceptación de la mayoría y dio pauta a la propuesta del Regidor de un proyecto alternativo. Tarea que realizó de manera gratuita, el Colegio Único de Abogados de Tuxpan, según el dicho de su Presidente en entrevista con el periodista Paco Vargas. Encomiable labor que seguramente muchos agradecen a la agrupación de litigantes.
Es pertinente señalar, que la petición a la organización de abogados fue realizada a solicitud de la mayoría de los ediles, que no han aceptado del todo las propuestas del Ejecutivo. El asunto se puede observar desde diferentes ópticas, pero destacamos: 1. La falta de sustento jurídico del desempeño de diferentes áreas de la actual administración, que da pauta a que los actos de la autoridad, se puedan combatir a través del juicio de amparo, pues éstos deben fundarse y motivarse; 2. Lentitud y atraso en la renovación de las normativas de un Gobierno que se comprometió con un cambio de régimen; 3. La ausencia de una convocatoria amplia al pueblo para participar en el proceso de transformación, y a su vez dotar de legitimidad a las normativas que se proponen, máxime que se trata de la autoridad inmediata al pueblo; 4. Aunado al punto anterior, es derecho y obligación del pueblo de participar en asuntos de Justicia Cívica, que tiene como uno de los propósitos fundamentales el desarrollo de una cultura de legalidad y de paz, que no se puede lograr -por obvias razones- sin el concurso y compromiso de los habitantes del municipio; 5. La llegada de un gobierno emanado de MORENA, en donde se observan contradicciones en los actos de algunos integrantes con la línea política de la 4T; y 6. La ineficacia e ineficiencia del área designada para la comunicación social del Ayuntamiento.
Empezando por el último punto, si bien es de reconocer la participación del colegiado de litigantes, no se pasa por alto que igualmente contribuyó a la confusión y a la desorientación de la ciudadanía, al formular declaraciones válidas , pero alternadas con verdades a medias, exageraciones, juicios subjetivos e incluso afirmaciones que faltan a la verdad y que pueden dar lugar a la duda de la seriedad y compromiso del vocero de la agrupación. El asunto no es menor y ninguna autoridad salió al paso para aclarar o en su caso rechazar las afirmaciones del litigante, que por lo menos, parecen haber puesto en tela de juicio el proyecto de Bando de Policía y Gobierno, del Ejecutivo Municipal, quien además cumple con responsabilidades en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A lo que se agrega, que la difusión del Proyecto de Bando Municipal propuesto, corresponde a las autoridades, pues en dicho documento se señala la relevancia de la Justicia Cívica que exige la corresponsabilidad de autoridades y ciudadanos; se trata de un proyecto que se vincula con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), particularmente con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Secretariado Ejecutivo -el cual es el Órgano Operativo del SNSP- en concordancia con la Ley General que reglamenta el artículo 21 de la Constitución Federal; se trata del documento denominado Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, instrumento que debe servir de guía para el diseño de las normativas que regulan la Justicia Cívica, el cual se puede consultar en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/607003/2Modelo_de_Justicia_Civica2020_180121.pdf
Al que se suman otros instrumentos que pueden ser útiles para el análisis y la discusión del proyecto de Bando de Policía y Gobierno que se busca renovar en Tuxpan, se trata de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la cual es un referente relevante, que puede ser consultada en https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/49a0a80ee030f12d0f797c671da2918e508f30cb.pdf . Lo anterior en razón de que dicha ciudad es un referente progresista relacionado con la Justicia Cívica, particularmente en los últimos cinco años del Gobierno de la CDMX.
Agregamos, que el proyecto institucional de Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxpan contiene vicios de constitucionalidad (en lo que coincidimos con el colegiado de abogados), además de tener errores gramaticales y reproducir artículos del Bando vigente, que data del 2006, como lo es la propuesta de la instalación de parquímetros , la exigencia de aviso a la autoridad para la realización de manifestaciones ciudadanas, que son normas contrarias a la política de la 4T, que busca profundizar la participación del pueblo, proteger la economía de las familias y decrecer el costo del Gobierno.
Finalmente señalo, que antes de proponerme el análisis de los Bandos -vigente y proyecto- hemos intentado en diferentes ocasiones una reunión con la Síndica Única, sin éxito, de la misma manera intentamos una entrevista con el Titular del jurídico del municipio, quien manifestó que se reservaba hacer algún comentario del Bando propuesto, tal vez fingiendo ignorar su papel de funcionario público, que percibe un salario pagado por los Tuxpeños.