Podría haber malos manejos en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora
Sonora, México – En un giro sorprendente, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora se encuentra bajo investigación debido a la denuncia de una posible red de corrupción que operaría bajo la dirección del Secretario de Hacienda del Estado Omar Francisco Del Valle Colosio.
Según las acusaciones, esta red estaría involucrada en proyectos de gran envergadura, como la modernización total del puerto de Guaymas (ASIPONA de Guaymas), la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua y la modernización de las aduanas, entre otros.
Lo más preocupante es que se afirma que estos proyectos habrían sido aprobados gracias a la intervención del padre de Rafael Antonio Ojeda Laguna, quien actualmente ocupa el cargo de Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La relación cercana entre Ojeda Laguna y Alfonso Durazo Chávez, hijo del Gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo, ha levantado sospechas sobre posibles favoritismos y tratos indebidos.
De acuerdo a la información disponible, Ojeda Laguna, aprovechando su cercanía con figuras influyentes, habría desviado la asignación de recursos para estas obras mediante asignaciones directas de contratos. Estas asignaciones estarían beneficiando a un grupo selecto de empresarios conocidos como los “Juniors del bienestar”. Lo preocupante es que se afirma que estos empresarios carecen de la trayectoria, experiencia y capacidad necesarias para llevar a cabo proyectos de esta magnitud.
En este escenario, también se ha mencionado al Director General de ASIPONA Guaymas, el Contralmirante Rogelio Bello Aguilar, quien supuestamente estaría favoreciendo los intereses de estos “Juniors del Bienestar”. Las presiones ejercidas por el hijo del Secretario de Marina habrían influido en las decisiones tomadas por Bello Aguilar.
Las denuncias de corrupción han generado gran revuelo en el estado de Sonora, y diversas voces han exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las autoridades competentes deberán actuar con transparencia y diligencia para salvaguardar el interés público y restaurar la confianza en las instituciones.
Hasta el momento, tanto la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano como las personas involucradas en estas acusaciones no han emitido comentarios al respecto. Sin embargo, se espera que se pronuncien en los próximos días a medida que avance la investigación y se obtengan mayores detalles sobre las presuntas irregularidades.
La sociedad sonorense espera que este caso de corrupción sea esclarecido de manera pronta y justa, y que se tomen las medidas necesarias para prevenir y combatir la corrupción en todas las instancias gubernamentales, asegurando así la transparencia en el uso de los recursos públicos y el desarrollo equitativo de la región.