Recomponer el camino
La Contraparte
Por ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN
En los últimos días han ocurrido dos hechos relevantes que pueden ilustrar lo que el estado puede hacer, pero no lo hace, para frenar la violencia generada por el crimen organizado.
El 13, en Topilejo al sur de la ciudad de México, un contingente de 150 elementos, incluidos de la Guardia Nacional y Ejército, realizaron un efectivo operativo para detener a 14 delincuentes presumibles miembros del cártel de Sinaloa, cuatro de ellos liberados el viernes al comprobarse que no tenían nexos con este grupo, en lo que se ha considerado la mayor ofensiva realizada por el actual gobierno en contra de grupos criminales, aunque esas acciones no las realizó el gobierno federal sino la policía de la capital de la República, dirigida por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien hace un año escapó con vida a un atentado, atribuida al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El 15, hace sólo cuatro días, un grupo élite de la Secretaría de Marina, apoyado por información de inteligencia de la agencia antinarcóticos norteamericana conocida como DEA, logró la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció 20 millones de pesos para su localización para llevarlo a juicio por la muerte del agente antidrogas estadounidense Enrique Camarena, ocurrida en 1985. En el primer caso, el enfrentamiento dejó dos oficiales heridos, pero la fuerza mostrada por las instituciones del estado, apoyado hasta con helicópteros, logró la captura de los criminales, a quienes les decomisaron chalecos tácticos, armas largas incluida una Barret.50 y una ametralladora, droga y la liberación de dos personas que permanecían cautivas por ese grupo delincuencial.
La orden llegó desde la oficina de la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y seguramente consultada con el presidente de la República, quien un día antes se habría reunido en la Casa Blanca con el presidente de EEUU, Joe Biden. ¿La detención de Caro Quintero también se consultó con Andrés Manuel López Obrador? Sería ingenuo pensar lo contrario, no hay ningún acto trascendente en el país que no tenga el visto bueno presidencial, y más en este asunto de extradición del narcotraficante que, en algún tiempo, fue llamado el “jefe de jefes”.
Acaso estos sean las acciones iniciales para recomponer el camino de la estrategia de seguridad, haya sido acordado o no en esa reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, pues la situación que se presenta en prácticamente todos los estados del territorio nacional, incluido Veracruz, muchos de ellos identificados por el Ejército norteamericano bajo control absoluto o casi absoluto de los grupos del crimen organizado, es de terror, con infames masacres, por la lucha que sostienen entre ellos por apoderarse de las plazas.
Lo importante es saber si eso mismo que autorizaron Sheinbaum y el presidente van a extenderse a todo el territorio nacional, o si solamente se trata de actos mediáticos, sólo para mantener el status quo de la política de “abrazos, no balazos” que ha dejado cerca de 122 mil muertos en los más de tres años del actual gobierno de la República, cifra mayor a los que ocurrieron en los dos sexenios anteriores, durante los seis años de Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto.
Sería un acierto corregir, da tiempo de medio recomponer la situación de emergencia de un país que se desangra todos los días.
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