Niega presidente de la JUCOPO persecución política por desafuero de alcaldes de MC
Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, rechazó que exista una persecución política en los procedimientos de desafuero iniciados contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuacán del Sureste, sostuvo que el Poder Legislativo únicamente da trámite a las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado.
El legislador respondió a las críticas emitidas por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, quien acusó una presunta persecución política contra autoridades emanadas de ese partido.
Bautista Hernández descalificó esos señalamientos y calificó de “cobardes” a quienes defienden a los ediles sin hacer referencia directa a los casos.
“Qué cobarde quien lanza el comunicado, porque no menciona los nombres de los alcaldes, mejor que vaya a defenderlos y revise cómo está integrada la carpeta”, expresó.
Afirmó que las investigaciones corresponden exclusivamente a la Fiscalía General del Estado, recordó que el Congreso no tiene facultades para determinar la culpabilidad de los servidores públicos, sino únicamente para desahogar el procedimiento legislativo cuando se solicita el retiro del fuero.
Indicó que existen dos carpetas de investigación abiertas y la Comisión Instructora será la encargada de analizar cada expediente con imparcialidad.
Añadió que los alcaldes señalados tendrán la oportunidad de comparecer, presentar pruebas, testigos y ejercer plenamente su derecho de defensa.
Precisó que ambos presidentes municipales fueron notificados por el Congreso del Estado y el próximo martes iniciará formalmente el proceso ante la Comisión Instructora que será la instancia que definirá el desarrollo del procedimiento antes de emitir un informe.
El diputado confirmó que los expedientes corresponden a los alcaldes de Ixhuacán del Sureste y Úrsulo Galván, aunque evitó pronunciarse sobre los delitos por los que la Fiscalía solicita el desafuero, al señalar que esa información forma parte de la investigación ministerial.
Explicó que el Congreso no emite órdenes de aprehensión ni determina sanciones penales, ya que su función se limita a resolver sobre el retiro del fuero para que en caso de proceder, los funcionarios puedan comparecer ante la autoridad ministerial en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
Bautista Hernández comentó que uno de los alcaldes involucrados acudió la semana pasada al Congreso para dialogar con él, ocasión en la que le recomendó contratar una defensa legal y atender el proceso ante la Fiscalía, al recordar que quien es acusado tiene derecho a presentar pruebas en su favor.
Respecto a los tiempos del procedimiento, señaló que dependerán del trabajo que realice la Comisión Instructora, una vez concluido el análisis, ese órgano deberá rendir un informe a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, para posteriormente someter el asunto a consideración del pleno, donde podría generarse un amplio debate entre legisladores de las distintas fuerzas políticas.
“Estamos en otros tiempos, la verdadera persecución política ocurrió en otras épocas, hoy existe una Comisión de Derechos Humanos y las instituciones deben actuar conforme a la ley, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie, será la Comisión Instructora la que haga su trabajo”.
Finalmente, aseguró que el Congreso actuará con estricto apego a derecho y respeto al debido proceso.