Detectan posibles irregularidades por más de 2 mil 700 mdp en cuentas municipales
Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- Un probable daño patrimonial por 2 mil 703 millones fue identificado en 181 municipios de Veracruz, como resultado de las auditorías financieras y técnicas a la obra pública correspondientes a la Cuenta Pública 2025, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Esteban Bautista Hernández.
El legislador informó que la aprobación de la cuenta pública por parte del Congreso del Estado no significa que las irregularidades queden solventadas ni que los servidores públicos involucrados estén exentos de responsabilidades, corresponde al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz dar seguimiento a las observaciones y proceder conforme a sus atribuciones.
Bautista Hernández indicó que el monto observado representa una cantidad considerable de recursos públicos, señaló que es necesario evitar que los resultados de las auditorías se limiten a señalamientos públicos sin consecuencias administrativas o legales.
Entre los ayuntamientos que mencionó por los montos de probable daño patrimonial se encuentran Santiago Tuxtla con 86 millones 469 mil pesos, Ixhuatlán de Madero con 70 millones 225 mil pesos y Coscomatepec con 69 millones 280 mil pesos.
Le siguen los municipios de Catemaco con 64 millones 713 mil pesos, Acayucan con 63 millones 139 mil 789 pesos, Coatzintla con 60 millones 287 mil pesos, Agua Dulce con 60 millones 213 mil pesos e Ilamatlán con 59 millones 32 mil pesos.
La relación de municipios con los montos señalados por el diputado incluye los siguientes:
- Altotonga: 56 millones de pesos.
- Ixhuatlán del Café: 56 millones 952 mil pesos.
- San Rafael: 50 millones 944 mil pesos.
- Jalacingo: 50 millones 417 mil pesos.
- Isla: 49 millones de pesos.
- Omealca: 47 millones 292 mil pesos.
- Medellín de Bravo: 45 millones 798 mil pesos.
- Filomeno Mata: 44 millones 466 mil pesos.
- Jilotepec: 43 millones 826 mil pesos.
- Tatahuicapan de Juárez: 37 millones 960 mil pesos.
- Mixtla de Altamirano: 35 millones 627 mil pesos.
- Huayacocotla: 31 millones 296 mil pesos.
- Coyutla: 31 millones 282 mil pesos.
- Naranjos Amatlán: 30 millones 648 mil pesos.
- Villa Aldama: 27 millones 627 mil pesos.
- Las Vigas de Ramírez: 23 millones 730 mil pesos.
- Xico: 21 millones 984 mil pesos.
- Álamo Temapache: 20 millones 328 mil pesos.
- Alpatláhuac: 13 millones 91 mil pesos.
- Zozocolco de Hidalgo: 775 mil pesos.
El diputado aclaró que las observaciones comprenden administraciones vinculadas con distintas fuerzas políticas.
Al ser cuestionado sobre las dependencias estatales con irregularidades, el presidente de la Jucopo mencionó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos con un monto señalado de 19 millones 354 mil pesos y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada con 8 millones 917 mil pesos.
El legislador insistió en que la atención principal debe centrarse en esclarecer el destino de los recursos y determinar si existen responsabilidades que deban ser sancionadas.
Bautista Hernández informó que durante una reunión de la Junta de Coordinación Política celebrada la semana anterior, las distintas fracciones parlamentarias analizaron un punto de acuerdo para respaldar el trabajo del ORFIS y proporcionarle las herramientas necesarias para que las observaciones se traduzcan en acciones concretas.
Afirmó que su postura es que los recursos públicos desviados deben ser reintegrados y cuando esto no ocurra, se apliquen las sanciones que correspondan conforme a la ley.
Señaló que el presunto desvío de dinero público afecta a la sociedad independientemente del partido político al que pertenezcan los funcionarios involucrados, mencionó que tiene conocimiento de un municipio donde se habrían utilizado recursos públicos para financiar una campaña política.
Al ser cuestionado sobre las razones por las que continúan apareciendo irregularidades pese a las capacitaciones dirigidas a las autoridades municipales, el diputado consideró que hace falta voluntad y firmeza para aplicar la ley.
Recordó que en una conversación con la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Stephany Rosas Méndez, le pidió que asumiera las responsabilidades de su cargo y contribuyera a dignificar la institución.
Explicó que la creación de una Fiscalía Anticorrupción debe tener como objetivo investigar y actuar frente a las irregularidades, no convertirse en una instancia sin resultados.
Bautista Hernández afirmó que la confianza ciudadana dependerá de que se conozcan resultados concretos como la recuperación de los recursos observados y la aplicación de sanciones cuando existan elementos legales para ello.
Recordó que anteriormente cuestionó el desempeño de las instancias encargadas de fiscalizar e investigar posibles actos de corrupción, al considerar que algunos casos no terminan en sanciones pese a los montos involucrados.
El legislador sostuvo que los resultados de las auditorías deben traducirse en procedimientos efectivos con apego a derecho para evitar que las irregularidades detectadas permanezcan sin consecuencias.