Acusan que desde 2017 el estado adeuda a cientos de trabajadores del Seguro Popular

Por Esmeralda Castillo

Xalapa, ver.- El abogado del Sindicato de Trabajadores del Extinto Régimen Estatal de Protección Social en Salud, José Luis Jiménez Rodríguez, señaló que desde 2017 el estado tiene un adeudo con cientos de trabajadores que estaban dentro del Seguro Popular y a la fecha no tienen respuesta.

Expuso que fueron objeto de un despido injustificado que se probó debidamente en juicio y por evitar una reinstalación, lo que hicieron fue extinguir al patrón, es decir, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

“A lo largo del tiempo que nos llevó a ganar estos juicios laborales, se logró demostrar la injusticia de la que fueron objeto todos estos trabajadores y muchos más que no pudieron estar aquí con nosotros, pero que están apoyando este movimiento porque es algo que en derecho les pertenece (…) entonces estamos aquí para exponer que desde el año 2017 que se inició este asunto, hemos llevado a cabo todas las acciones legales y jurídicas que son necesarias para demostrar que fue una injusticia de la que fueron objeto mis representados”.

Recordó, que en el año 2021 ejecutaron laudos que se obtuvieron en favor de los afectados como un derecho social, pues de acuerdo a la Constitución estas acciones deben de ser resueltas y solventadas.

“Tuvimos laudos que condenan al gobierno del Estado a pagar lo que en derecho le corresponde a la gente”.

Mencionó que son más de 127 trabajadores que están con el sindicato actualmente, sin embargo hay más personas que están detrás, que decidieron tomar otro camino, pero que también están en la lucha en la que nos encontramos nosotros.

Refirió, que desde 2021 no han logrado más que negativas de pago, de que no hay dinero, de que dejaron inicialmente a un representante legal y liquidador, posteriormente lo cambian por un ente liquidador, y lo único que les dicen es que los dejaron quebrados y no tienen cómo pagar los más de 60 millones de pesos.

“Después de dos años de estar ejecutando y de estar requiriendo, no tenemos más que respuestas de que se tienen que hacer los trámites administrativos y de que tenemos que continuar haciendo nuestra labor jurídica (…) es dinero que está presupuestado, señores, es dinero que está presupuestado. Son más de 60 millones que se les deben”.

Por ello, exigieron al gobierno del Estado la solución a esta situación, dado a que son decenas de familias las afectadas.

“Nosotros lo único que pedimos y exigimos es que nos paguen, es un derecho que tenemos”.

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