Agua de Odebrecht
La Contraparte
Por ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN
Este mes se cumplieron siete años de la concesión otorgada por 30 años a la empresa mixta Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo-MAS), ordenada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, acatada por el alcalde Ramón Poo Gil, y ese contrato, aprobada sin chistar por los diputados locales.
Desde entonces, los consumidores de agua de Veracruz y Medellín viven un calvario por el deficiente, caro y mal servicio de dotación vital líquido, cuyos abusos ninguna autoridad puede resolver, al contrario, todos siguen deslindandose de responsabilidad, como si esa empresa de capital español y brasileño (Aguas de Barcelona y la cuestionada Odebrecht, de múltiples casos de corrupción) estuviera excluida de la observación de las leyes mexicanas.
La abusiva empresa, que aplica tarifas por los metros de construcción donde existe contrato de servicio, y puede ser la más alta así la habite una sola persona, es la que acumula el mayor número de quejas ante la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor (PROFECO) debido a cortes del servicio, mala calidad de agua y cobros excesivos. Vaya, ni el propio Ricardo Sheffield Padilla, procurador del consumidor, ha podido actuar en contra de Grupo-MAS, y el Ayuntamiento de Veracruz, quien tiene la obligación atender las quejas de los ciudadanos, ha navegado bajo el argumento de que carece de facultades para hacerlo, y ha planteado que cancelar la concesión otorgada equivaldría a pagar algo así como dos mil millones de pesos de indemnización, que no tiene ni alcanzaría el presupuesto de uno, dos, o tres años, y por lo tanto ese recurso tendría que ser aportado por el gobierno del estado, que tampoco lo tiene considerado en sus planes de gasto, y tampoco estaría dispuesto a realizarse, hasta donde puede observarse.
Así ha sido en todos estos años.
Sin embargo, en mayo pasado, los usuarios presentaron una solicitud para realizar una auditoría a esa empresa, y en respuesta a esa demanda, acaba de anunciar que por orden del Congreso del estado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) realizará esa revisión financiera y operativa a Grupo MAS, empresa que, aunque se negaba a permitirlo, un juez determinó que sí es procedente hacerlo.
Eso es un avance, aunque no es una garantía de que se va a resolver el grave problema; a partir de lo que puedan encontrar los auditores, los diputados, podrían tener pruebas del incumplimiento de la empresa al contrato de la concesión otorgada para la prestación de un servicio eficiente, suficiente, saludable y de tarifas justas a los consumidores de los municipios de Veracruz y Medellín.
Habrá que esperar si esa inspección es relevante para cancelar el título de concesión, al que restan 23 años, y que sólo ha servido para que esa empresa se dedique a ganar dinero por medio del abuso; y analizar si conviene regresar el servicio de agua, saneamiento y alcantarillado a los gobiernos, sea federal, estatal o municipal, en momentos en que se comienza a vivir una grave crisis del agua que, a la vuelta de la esquina se convertirá en otra pesadilla, como ya se observa en estados del norte del país donde la escasez y falta total de agua generará una crisis social de proporciones inimaginables.
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