Congreso Local sigue teniendo pendientes legislativos con la mujeres de Veracruz: Anilú Ingram
Por Sergio Lara
Veracruz, Ver.- En Veracruz persiste una agenda legislativa pendiente para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
En el Congreso del Estado, un espacio en el que se generan leyes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, hay decenas de propuestas que buscan dar igualdad en las condiciones de trato, trabajo, convivencia, incluso, para la sanción de quien le quita la vida a una mujer, que siguen sin analizarse.
Entre esos pendientes, se encuentra el de concretar la creación del Registro de Agresores Sexuales, con la la finalidad de facilitar las investigaciones y persecuciones de los delitos contra las víctimas de abuso sexual, indicó la diputada local, Anilú Ingram Vallines.
Con este padrón, se busca haya medidas eficaces que contribuyan a la identificación de los agresores, y se pueda cooperar de forma más concreta con las autoridades judiciales y policiales de la entidad veracruzana y de otros estados.
“Mientras la violencia contra las mujeres y las niñas siga siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos, extendida, arraigada y tolerada en el mundo, todas, todos y todes debemos tomar acción desde nuestra trinchera para que la violencia de género se erradique no solo en Veracruz, sino en todo el país”.
La legisladora veracruzana recordó que la violencia sexual está presente en el 49.7% de las manifestaciones de violencia que viven las mujeres de 15 años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) y que esta forma de violencia tiene entre otros efectos, para las víctimas niñas y adolescentes: fracaso escolar, trauma psicológico o estrés postraumático, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado; inclusive en embarazos no deseados.
Precisó que la propuesta de reforma a la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluye que se inscriban en el Registro de Personas Agresoras Sexuales aquellas personas condenadas en sentencia firme emitida por un juez penal, por delito cometido contra la libertad y la seguridad sexual, regulados por el Código Penal para el Estado de Veracruz, por un periodo igual al que dure su condena y que en ningún caso podrá ser superior.
Su consulta la podrán realizar personal Judicial de cualquier orden, a través del personal judicial que sea autorizado por la autoridad competente, incluidos los datos de las inscripciones canceladas, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias, así como personal de las Fiscalías Especializadas o Coordinadoras, de Seguridad Pública, de las Procuradurías de Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y autoridades electorales autorizadas, cuando la información sea necesarias para determinar la suspensión de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales.
Ante los pendientes legislativos en Veracruz, sostuvo que es momento de que se tomen acciones verdaderas que limiten a los agresores sexuales de sus atroces acciones que rompen infancias y vidas; es momento de visibilizar esta terrible realidad que nos aqueja como sociedad y que es la antesala a violencias fatales imposibles de revertir.
Además, es importante mencionar que en el quehacer legislativo, para garantizar derechos de las mujeres se han planteado iniciativas que van desde: garantizar productos menstruales en las escuelas, modificar las atribuciones del Instituto Veracruzano de la Mujer, crear comisiones municipales para atender el tema de mujeres, hasta crear una fiscalía especializada para investigar feminicidios.
Recientemente se pidió sancionar la violencia Vicaria, el año pasado se planteó reducir las redes de protección de agresores de mujeres, la denominada Ley Monse, además, de que se planteó crear una Fiscalía para investigar las muertes de mujeres por su condición de género, la mayoría siguen en comisiones para “análisis” y dictamen.