Delitos electorales no deben normalizarse, no le vamos a parar a las denuncias, afirma PRI Veracruz
Xalapa, Ver.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechaza categóricamente las declaraciones del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, en relación con las recientes denuncias presentadas por probables delitos que involucran a su gobierno.
El dirigente del PRI, Adolfo Ramírez Arana, dijo que se seguirán denunciando todos los hechos pues no se pueden normalizar los delitos electorales.
Ramírez Arana señaló que el mandatario ha cometido violaciones a la Ley Electoral y ya se ha demostrado, incluso fue obligado a bajar un video de sus redes sociales donde aparece junto a la aspirante de MORENA, Rocío Nahle en Casa Veracruz.
El PRI exigió al titular del Ejecutivo estatal poner el ejemplo y cumplir la protesta que rindió de respetar y hacer respetar la Constitución Política del estado y las leyes que de esta emanen.
La lucha democrática en México y Veracruz está sustentada en el principio de no intromisión del gobierno en los procesos electorales, y se ha traducido en el marco jurídico que los regula y pone límite a los gobernantes en turno, sus gabinetes y colaboradores, a fin de que sean los partidos y sus candidatos quienes participen democráticamente en la búsqueda del respaldo ciudadano.
Dicha contienda debe desarrollarse de principio a fin en equidad e igualdad de condiciones, exigencia a la que responden las leyes que los mexicanos y veracruzanos nos hemos dado. En caso de que este orden basado en la justicia sea quebrantado, es imperativo hacer uso de lo que los medios y cauces legales a fin de restringir y desterrar toda práctica que socave los principios democráticos que garantizan el ejercicio democrático, que es un derecho irrenunciable.
Tal imperativo escala en gravedad cuando es la misma autoridad quien quebranta la ley, y sin el mínimo recato hace uso de los recursos del estado, humanos y materiales, cuyo fin es satisfacer las necesidades básicas de la población para favorecer a candidatas, candidatos y partidos, y así, con premeditación, alevosía y ventaja, pervertir la misión del gobierno y descuidar sus responsabilidades impostergables.
Corresponde a estas instancias, organismos autónomos del estado, no al gobierno, realizar las indagatorias correspondientes y, conforme a la ley, deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.
Quien aspira a un cargo de elección popular no está impedido de denunciar las arbitrariedades de quienes gobiernan y de presentar las pruebas que sustenten su dicho. Lo dicho por el Gobernador corresponde a su estatura política, moral e intelectual, indignantes para la sociedad veracruzana.
