Rompimiento con el PVEM

La Contraparte

Por ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN

La acusación lanzada el fin de semana por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez contra el alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, y la presidenta municipal electa, Lizzette Álvarez Vera, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por presumible involucramiento con una banda dedicada al secuestro de migrantes centroamericanos en ese municipio, podría significar el rompimiento de MORENA con su aliado en la pasada elección.

El golpe, directo, aunque vago, al Alcalde saliente con quien García tuvo cercanía al inicio de su gobierno que poco a poco se fue desdibujando, y la entrante,

quien ganó a MORENA la Alcaldía en los tribunales, sólo puede tener una lectura: que entre ellos dejó de existir una buena relación.

La otra muestra es el maltrato que recibió el dirigente estatal del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, a quien se le impidió el acceso a la ceremonia de instalación de la nueva Legislatura del estado. El sábado, tras la diatriba del Gobernador, Ruiz salió en defensa de sus dos ediles verdes, pidió castigo a quienes resulten responsables de cualquier delito, pero exigió a las autoridades respetar la presunción de inocencia.

Todo derivó de un enfrentamiento entre efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y una banda que mantenía secuestrados a 46 migrantes en una casa de seguridad en Alvarado (34 hombres, ocho mujeres y cuatro menores de edad de origen centroamericano), quienes pudieron ser liberados y entregados al Instituto Nacional de Migración.

La policía identificó al “Gordo Frank” como presunto cabecilla de ese grupo delictivo, un sujeto supuestamente relacionado a Bogar y Lizzette, por lo cual se sospecha de complicidad y las autoridades investigan en esa línea, aunque el señalamiento no fue acompañado de pruebas y carece de valor; sin embargo, sí sirvió de argumento para marcar distancia del gobierno morenista con dicho partido, que no se ha doblegado, como en los caso de Álvarez Vera en Alvarado, y de Alberto Silva Ramos en Tuxpan, ex candidato a la Alcaldía postulado por el Partido Verde que mantiene la lucha en tribunales para invalidar la elección municipal de Tuxpan adjudicada al ex diputado local José Manuel Pozos Castro.

La rudeza del mandatario se observa en sus palabras dichas a los medios de comunicación: “independiente de qué color venga, vamos a indagar (a los delincuentes) porque se mueven de arriba para abajo, y ni un alertamiento (de las autoridades…) a nosotros; vamos a estar muy pendientes, ¿cómo es posible que puedas privar de la libertad a 46 migrantes y nadie se entera? Nosotros somos los que nos enteramos”.

Habrá que tomar nota de ese abierto rompimiento y hasta dónde llegará y cómo afectará en la relación política que requiere la 4T en el Congreso federal y Local, y, por sólo citar un ejemplo, en el municipio de Veracruz donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por definir la validez del triunfo del PAN o si lo anula y ordena una nueva elección, en cuyo caso el PVEM podría retirarse de facto de esa alianza que formó con MORENA y PT, poniendo nuevamente en bandeja de plata esa Alcaldía para quien los Yunes decidan enviar como candidato del PAN.

Ese es el escenario hasta el momento. Habrá que estar atentos de una nueva embestida contra su ex aliado y Alcaldes, aunque sería muy distinto si reúnen y presentan pruebas contundentes de vinculación de los dos ediles verdes con ese grupo delictivo, y no como ahora, con acusaciones por meras suposiciones.

Escriba a opedro2006@gmail.com

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