Continúan aplicando de manera incorrecta en Veracruz la prisión preventiva oficiosa, afirman Abogados 

Por Sergio Lara 

Veracruz, Ver.- Las autoridades estatales está siendo mal asesorada respecto al delito de prisión preventiva oficiosa, pues se sigue tratando a las personas como culpables sin que halla una sentencia, manifestó el presidente de la Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Veracruz, Cristian Rafael Gómez Zacarías.

“No puede interferir lo mediático y no puede interferir la alarma social para querer imponer una prisión preventiva oficiosa que ha fue declarada inconstitucional en dos casos de la Corte Interamericana, por eso exhortamos a que se respete la jurisdicción y la competencia de los jueces de distrito porque ellos lo único que están haciendo es cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Apuntó que las autoridades de la Fiscalía del Estado no están dejando libres a las personas sino que les están anticipando una condena sin un juicio previo, abusando del término jurídico. 

Dijo que al concederse los amparos en favor de los solicitantes que han sido enviados a prisión preventiva oficiosa, las víctimas del delito quedan en estado de indefensión, lo cual es falso, pues como bien han dicho los juristas, la medida cautelar de prisión no permite ningún beneficio para las víctimas, pues la persona recluida continua como inocente en tanto no concluya el procedimiento y se dicte sentencia.

Es decir, la prisión preventiva en nada favorece a las víctimas, quienes únicamente pueden obtener justicia hasta que se dicta la sentencia.

Lo anterior, en medio de crecientes cuestionamientos por parte del Gobierno del Estado, por ello, los abogados han alzado su voz en contra de las acusaciones dirigidas a Jueces de Distrito por resolver múltiples casos de amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa, presentados por personas en proceso penal.

Gómez Zacarías hizo hincapié en que México ratificó el Pacto de José de Costa Rica en 1981 y lo aceptó en 1998, incluyendo la jurisdicción contenciosa. México reconoce la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“Los estados adheridos al convenio están comprometidos a respetar los derechos humanos y en este contexto consideramos que el Gobierno del Estado está recibiendo asesoramiento erróneo”.

El representante legal enfatizó que el Gobierno del Estado debe permitir a los jueces cumplir con su mandato, ya que estos buscan simplemente aplicar la ley y garantizar el derecho de las personas a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, evitando así posibles problemas legales.